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La depuración de los funcionarios y empleados de la administración pública española después del golpe militar de julio de 1936 fue un proceso de limpieza ideológica por el que se apartaba y privaba de su puesto de trabajo al personal que se consideraba contrario a los principios del nuevo estado que pretendía el llamado bando nacional. Afectó a todos los ámbitos de la administración y la local -ayuntamientos y diputaciones- no fue una excepción. A partir del mes de septiembre en cumplimiento de la orden del general Queipo de Llano, recibida en la Diputación de Sevilla el 11 de agosto, se inicia el proceso de depuración de los funcionarios y empleados de la administración provincial.
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"En el arca de los papeles". La formación histórica de los archivos de las hermandades y cofradías de Sevilla durante la Edad Moderna